Dentro del contexto de las averiguaciones acerca del empleo de fondos estatales en el Ministerio de Transportes durante el gobierno pasado, han emergido nuevos detalles que involucran a funcionarios de alto nivel en supuestas prácticas irregulares para incrementar su grupo de asesores, superando las restricciones impuestas por la ley actual. Un aspecto destacado sugiere que José Blanco, exministro y personaje influyente en el ámbito político, habría aconsejado a José Luis Ábalos utilizar la empresa pública Ineco como método alternativo para incorporar más personal.
El mecanismo consistía en utilizar contratos con esta compañía estatal —adscrita al propio Ministerio de Transportes— para incorporar colaboradores que, en teoría, no podían formar parte de la plantilla oficial del gabinete ministerial por restricciones legales o presupuestarias. De esta manera, se habría incrementado el número de asesores en funciones sin que quedaran reflejados formalmente en la estructura orgánica del ministerio.
Según fuentes del entorno administrativo, esta práctica habría sido implementada bajo el argumento de que era necesaria una mayor capacidad técnica y operativa para enfrentar los desafíos de gestión, pero sin pasar por los procedimientos habituales de autorización. Ineco, empresa especializada en ingeniería y consultoría del transporte, habría sido el vehículo instrumental para solventar esas limitaciones mediante la suscripción de contratos con personal cercano al ministro o recomendado por figuras del partido.
La estructura quedó al descubierto en el contexto de un examen interno de las relaciones laborales entre Ineco y varias secciones del ministerio, el cual descubrió un incremento inusual de contrataciones durante el período de Ábalos. Las investigaciones han hallado al menos diez contratos con perfiles cuyo trabajo estaba directamente vinculado a actividades de consultoría política, en vez de labores técnicas, lo que genera incertidumbres sobre la legalidad de dichas contrataciones.
La conexión entre Blanco y Ábalos ha sido estrecha en el ámbito político, lo cual ha aumentado el interés por el rol del primero en la estructuración de los equipos del segundo. Aunque no tenía un puesto público durante las recomendaciones, Blanco seguía teniendo influencia en áreas importantes del partido y en el entorno empresarial relacionado con la obra pública.
El uso de empresas públicas como vía paralela para contratar personal ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de organismos de control, que advierten sobre el riesgo de eludir la fiscalización administrativa y los principios de mérito, capacidad y transparencia en la función pública. En este caso, la implicación de altos funcionarios y la utilización de recursos estatales con fines presuntamente partidistas añade una dimensión política al escándalo.
Ante estos descubrimientos, varios sectores del ámbito parlamentario han exigido la presentación de los implicados ante las comisiones de supervisión, con la finalidad de aclarar la magnitud de las acciones señaladas y las eventuales responsabilidades administrativas o penales que puedan surgir.
En tanto, desde el entorno del exministro Ábalos se ha argumentado que los procedimientos empleados fueron legales, afirmando que todas las contrataciones mediante empresas públicas cumplieron con la normativa vigente y respondieron a necesidades técnicas legítimas del ministerio. No obstante, las aclaraciones no han conseguido despejar las dudas sobre un patrón sistemático de uso indebido de recursos públicos.
La controversia aparece en un escenario donde se debate la modificación de los criterios para la contratación en la administración pública, con el objetivo de impedir que las compañías estatales sean empleadas como medios para aumentar personal cercano, evitando la supervisión institucional. Este caso ha impulsado nuevamente la discusión sobre la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y control en todos los niveles del gobierno.
Sin embargo, se anticipa que las investigaciones continúen de manera más exhaustiva para identificar si hubo un sistema organizado con la intención de fortalecer el poder político a través de prácticas de contratación inadecuadas. Los resultados de estas pesquisas podrían tener implicaciones significativas, afectando no solo el ámbito legal, sino también la confianza del público en la gestión de las instituciones.
